Dictamen N° 23131/2012

N° 23.131 Fecha:20-IV-2012 Don Emilio Madrid Barros, en representación, según expone, de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Puangue, reclama que la Dirección de Obras Hidráulicas habría desconocido los derechos de aprovechamiento de aguas a que aluden las resoluciones N°s. 3.529, de 1974, de la Dirección General de Aguas, 2.331, de 1987 y 1.599, de 1988, del Servicio Agrícola y Ganadero, y uno inscrito en el Departamento de Riego de la Dirección General de Obras Públicas el año 1929, como quedaría de manifiesto con motivo de la ejecución de la consultoría denominada “Estudio de Factibilidad Mejoramiento de Riego en el Valle de Puangue, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana”, adjudicada por licitación pública a la empresa Luis San Martin y Compañía Limitada, mediante la resolución N° 177, de 2009, del servicio recurrido. Requerido su informe la Dirección de Obras Hidráulicas ha manifestado, en síntesis, que los derechos a que se alude en las dos primeras resoluciones singularizadas fueron incluidos en el indicado estudio de factibilidad, lo que no aconteció con los restantes, por cuanto los respectivos títulos no dan cuenta de su cuantificación, en lo que concierne a la cantidad de agua a extraer. Sobre el particular, es del caso tener presente que acorde con el artículo 17, letra a), del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas -que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960-, a la Dirección de Obras Hidráulicas le corresponde el estudio, proyección, construcción, reparación y explotación de obras de riego que se realicen con fondos fiscales, de acuerdo con las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 1.123, de 1981, del Ministerio de Justicia, que establece normas sobre ejecución de obras de riego por el Estado. Luego, cabe precisar que, en dicho contexto, según aparece de los antecedentes adjuntos, la Administración encomendó a la aludida empresa el estudio de que se trata, el que implicó una definición en relación al caudal que involucra cada uno de los correspondientes derechos de agua, de modo que se optó por no considerar aquéllos derechos de agua cuyos títulos no precisan dicho parámetro. Ahora bien, en relación con esa última determinación, cumple esta Contraloría General con consignar que ella aparece como una decisión de mérito adoptada durante el desarrollo de la consultoría antes individualizada, respecto de la cual no se advierte de qué modo habría implicado desconocer la existencia de los derechos a que alude el recurrente. Siendo ello así, y sin perjuicio de dejar consignado que, en todo caso, esa Dirección de Obras Hidráulicas, tratándose de la construcción del embalse de la especie, debe adoptar las medidas tendientes a considerar la totalidad de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes en el área afectada, inclusive aquellos, que para los efectos de la consultoría en comento, no lo fueron, habida cuenta de que el mencionado decreto con fuerza de ley N° 1.123, de 1981, y su reglamento -el decreto N° 285, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas-, al referirse a los beneficiarios de las obras de que tratan esos ordenamientos, reconocen como tales a los interesados, usuarios y titulares de derechos de aprovechamiento de aguas existentes en el sector donde se pretenda construir la obra respectiva, este Organismo Fiscalizador no ha acogido el reclamo del rubro. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República