Dictamen N° 29388/2013
N° 29.388 Fecha: 13-V-2013 Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Carlos Ibáñez Hormazábal, para pedir la complementación del dictamen N° 29.930, de 2005, de este origen, el que, a su juicio, no resolvió la situación planteada a este Organismo de Control. Sobre el particular, cabe recordar, en primer término, que de los antecedentes tenidos a la vista, consta que con fecha 27 de diciembre de 2004, el interesado solicitó a esta Entidad Fiscalizadora un pronunciamiento relativo al actuar del Ministerio de Educación, por cuanto, a su juicio, dicha repartición no dio respuesta a la carta que le dirigió el día 20 de agosto de esa anualidad, en la cual realizaba diversas denuncias en contra de un Instituto Profesional. Enseguida, se advierte que mediante la carta N° 341, de la misma anualidad, el antiguo Consejo Superior de Educación informó al recurrente respecto a tales acusaciones -remitidas por la indicada Secretaría de Estado, en virtud de lo dispuesto por el antiguo artículo 37, letra c), de la ley N° 18.962-, señalando que ellas, dado que eran similares a anteriores presentaciones efectuadas por el peticionario, ya habían sido respondidas con fecha 24 de marzo del citado año, por esa misma institución. Conforme lo anterior, a través del mencionado oficio N° 29.930, de 2005, esta Contraloría General informó que la tramitación dada por el referido Ministerio de Educación, a las anteriores presentaciones del interesado, derivadas al aludido Consejo Superior de Educación, se encontró ajustada a derecho. Ahora bien, atendido que en esta oportunidad el señor Ibáñez Hormazábal solo se ha limitado a reiterar su presentación anterior, sin plantear en forma precisa y concreta los hechos, razones y peticiones en que consiste la solicitud, según lo ordena el artículo 30, letra b), de la ley N° 19.880 -esto es, la situación que lo afecta y que motiva su presentación-, esta Entidad de Control debe abstenerse de emitir un nuevo pronunciamiento sobre la materia. En consecuencia, se ratifica el dictamen N° 29.930, de 2005, de este origen. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República