Dictamen N° 32200/2012

N° 32.200 Fecha: 31-V-2012 Se han dirigido a esta Contraloría General, en forma separada, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, el diputado don Juan Carlos Latorre Carmona, don Jaime Sánchez López y la Sociedad de Transportes Las Araucarias S.A., efectuando una serie de consideraciones que, en lo sustancial, dicen relación con el proceso de negociación llevado a cabo por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, destinado a la suscripción de nuevos contratos para la prestación de servicios de transporte público urbano remunerado de pasajeros mediante buses en la ciudad de Santiago. Al respecto, resulta pertinente consignar que esta Entidad de Control solicitó el parecer de la Subsecretaría de Transportes acerca de la materia de que se trata, el cual se contiene en sus oficios N°s. 4.648 y 5.796, de 2011, y 694, del año en curso, copia de los cuales se adjunta a este documento. Asimismo, y en estrecha vinculación con el asunto planteado por los interesados, debe anotarse que como consecuencia del antedicho proceso de negociación, la referida Secretaría de Estado emitió sus resoluciones N°s 246, 258 y 259, de 2011, y 1, 2, 105 y 121, de 2012, que, en lo que interesa, aprobaron los contratos de concesión de uso de vías que allí se indican, con las empresas Su Bus Chile S.A., Inversiones Alsacia S.A., Express de Santiago Uno S.A., Buses Metropolitana S.A., Buses Vule S.A., Redbus Urbano S.A. y Servicio de Transporte de Personas Santiago S.A., respectivamente. Precisado lo anterior, corresponde, en seguida, manifestar que con ocasión del trámite de toma de razón a que fueron sometidas las resoluciones precedentemente singularizadas, esta Contraloría General desarrolló el respectivo análisis preventivo de juridicidad teniendo en especial consideración, por una parte, los diversos planteamientos que se contienen en los documentos de la suma y, por la otra, los informes emitidos por la Subsecretaría de ramo, a que se ha hecho referencia. Es así, que luego de examinar y ponderar en detalle tales antecedentes, como también, por cierto, la pertinente preceptiva legal y reglamentaria, los antedichos actos administrativos fueron tomados razón con fechas 10 de febrero, 23 de marzo, 17 de abril y 29 de mayo, del presente año, en su caso, al no haberse advertido, en el marco de las atribuciones de esta Contraloría General, reproches de legalidad que formular en torno a la materia. Es cuanto procede expresar acerca de las presentaciones de la especie. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República