Dictamen N° 3430/2009

N° 3.430 Fecha: 22-I-2009 El diputado Pablo Galilea Carrillo se ha dirigido a esta Contraloría General, solicitando, por una parte, la realización de una investigación en la Municipalidad de Cochrane, relativa al no pago de cotizaciones previsionales y de salud que afectó, en el año 2007, al personal dependiente del departamento de educación y, por otra, y en el evento de estimarse necesario, la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de establecer la responsabilidad de quienes resultaren involucrados en ese hecho. Al respecto, cumple con señalar que por decreto alcaldicio N° 2.137, de diciembre de 2007, la autoridad municipal de la época, ordenó se instruyera una investigación sumaria, elevada luego a sumario administrativo, para indagar, precisamente, el hecho descrito precedentemente. En relación a dicho procedimiento sumarial, es del caso informar que por decreto N° 229, de 2008 se puso término a su tramitación y se aplicaron sanciones a los funcionarios que indica, siendo remitido a la Contraloría Regional de Aysén, para el trámite de registro, oportunidad en la que se emitió el oficio N° 2.824 de 2008, por cuyo intermedio se formularon observaciones al sumario por adolecer de vicios de procedimiento, ordenándose la reapertura del mismo a fin de subsanar dichas observaciones e investigar la eventual sustracción de fondos públicos y las responsabilidades de otros funcionarios de la municipalidad. Enseguida, cabe manifestar que la Contraloría Regional de Aysén, sin perjuicio del anotado sumario, procedió a efectuar directamente una investigación sobre los hechos denunciados, a través de una auditoría en el departamento de administración de educación municipal de Cochrane, la que culminó con la emisión del oficio N° 2.543, de 30 octubre de 2008. Hace presente que la principal conclusión de la antedicha auditoría, fue que la citada municipalidad había enterado las cantidades que se adeudaban al personal del referido departamento de administración de educación municipal, a las correspondientes instituciones de salud previsional y a las administradoras de fondos de pensiones. Como puede advertirse de lo manifestado precedentemente, esta Contraloría General ha adoptado las medidas tendientes para esclarecer los hechos denunciados en esta presentación, como asimismo las necesarias para que se establezcan las responsabilidades de los funcionarios involucrados en tales hechos; sin perjuicio de hacer presente que la materia de que se trata, forma parte de los programas de fiscalización de este Organismo de Control. Se acompaña, para su conocimiento y fines pertinentes, fotocopia de los oficios N°s 2.824 y 2.543, ambos de 2008, emanados de la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, referidos al asunto planteado.