Dictamen N° 35954/2009

N° 35.954 Fecha: 07-VII-2009 La Contraloría Regional del Bío Bío ha remitido la presentación efectuada por don Mardoqueo Raúl Roa Fuentealba, en la cual impugna la legalidad de la multa de 10 unidades tributarias mensuales que le fuera aplicada mediante resolución N° 253, de 2005, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la aludida región, como consecuencia de un proceso sanitario incoado en su contra. Sobre el particular, cabe manifestar que según lo señalado por este órgano de Control en su dictamen N° 28.914, de 2009, el Código Sanitario, en sus artículos 161 y siguientes, establece y regula un procedimiento sancionatorio especial de carácter administrativo judicial, denominado sumario sanitario, que se encuentra reglado en todas sus fases por la ley, y en el que se señalan las oportunidades para que los interesados puedan hacer valer sus planteamientos, sin que sean procedentes a su respecto otros trámites o instancias que los previstos al efecto en la normativa pertinente. Así, entonces, cabe hacer presente que dicha regulación contempla un plazo para recurrir de reposición, del cual el solicitante hizo uso y, además, una posibilidad de reclamación ante la justicia ordinaria civil, lo que impide a esta Contraloría General emitir un pronunciamiento sobre el particular. Luego, el recurrente alega una presunta adulteración del acta de inspección que motivó la aplicación de la sanción en comento, agregando que para esclarecer estos hechos presentó la correspondiente querella criminal. Al respecto, cabe hacer presente que de conformidad con el artículo 6° de la ley N° 10.336, este Organismo Fiscalizador no puede intervenir ni informar en asuntos que por su naturaleza sean propiamente litigiosos o estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, como ocurre en la especie con el hecho denunciado. No obstante, es dable mencionar que con motivo del informe VE-41/06, la aludida Contraloría Regional ordenó a la citada Secretaría Regional Ministerial instruir un sumario administrativo con el objeto de investigar presuntas irregularidades, el que, luego de su sustanciación, terminó con un sobreseimiento, al no existir responsabilidades funcionarias en los hechos denunciados.