Dictamen N° 4609/2013

N° 4.609 Fecha : 22-I-2013 Carabineros de Chile ha remitido los antecedentes de la investigación administrativa instruida con motivo de los deterioros ocasionados a tres chalecos antibalas, que estaban bajo la custodia de sus funcionarios, señores Rodrigo Oyarce Bustamante, Mario Moraleda Vicencio y Sergio Lillo Rojas, a objeto que, conforme con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley N° 10.336, sean exonerados de responsabilidad civil. Al respecto, cabe anotar que de la documentación acompañada, aparece que de la revisión técnica efectuada, con fecha 27 de junio de 2010, al armamento y otras especies de la 2ª Comisaría Coquimbo, se detectó que esos chalecos, los cuales permanecían al interior de la sala de armas de la mencionada unidad, presentaban manchas producidas por algún tipo de líquido aceitoso o corrosivo y, además, deterioros atribuibles a su uso, sin que al término de la aludida investigación se pudiese determinar la época exacta en que se habrían producido los daños descritos. Los perjuicios ocasionados al patrimonio fiscal, según el documento electrónico N° 1.337, de 2010, del Departamento Armamento y Municiones, ascendieron a la suma total de US$905 dólares de los Estados Unidos de América (equivalente a $488.410), determinando la Dirección Nacional de Logística, a través de su orden N° 186, de 2012, dar de baja esas especies. Ahora bien, el artículo 62 de la indicada ley N° 10.336, permite que el Contralor General exonere a un funcionario de responsabilidad civil derivada de la pérdida, hurto o deterioro de un bien que administre o custodie, en la medida que el detrimento o extravío no se deba a su culpa o negligencia, tal como se ha señalado en los dictámenes N os 17.354, de 1985 y 28.164, de 1993, de este origen, entre otros. De esta manera, atendido que de los antecedentes tenidos a la vista, consta que se dan los presupuestos señalados previamente, se ha estimado procedente exonerar de responsabilidad civil a los señores Rodrigo Oyarce Bustamante, Mario Moraleda Vicencio y Sergio Lillo Rojas, por los deterioros ocasionados en los referidos chalecos antibalas. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República