Dictamen N° 54869/2010

N° 54.869 Fecha: 15-IX-2010 Se ha dirigido a esta Contraloría General don Dagoberto Valdés Pérez, ex funcionario de la Municipalidad de Las Condes, para reclamar del rechazo que el Instituto de Previsión Social hiciera de su solicitud relacionada con la posibilidad de sustraer de la pensión que le corresponde en el régimen de la ex Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de la República, la fracción de tiempo de afiliación que excede del necesario para configurar la jubilación máxima, a fin de incorporar las cotizaciones que resultaren liberadas en un segundo beneficio de jubilación, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 50.631, de 2003, de esta Entidad Fiscalizadora. Sobre el particular, es preciso anotar, en primer término, que la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 50.631, de 2003 y 24.375, de 2006, ha concluido, en lo pertinente, que los funcionarios afectos al régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con más de 30 años de cotizaciones en él, tienen derecho a solicitar y obtener que su jubilación les sea otorgada ocupando solamente el tiempo de imposiciones estrictamente indispensable, aunque para ello se requiera fraccionar o dividir uno o más períodos de afiliación y que, además, el excedente de esas cotizaciones se les mantenga vigente para obtener un beneficio en cualquier régimen del sistema previsional antiguo, siempre que no haya sido consumido en una pensión anterior. Ante estas circunstancias, y de acuerdo con lo señalado por esta Entidad Fiscalizadora por medio del dictamen N° 45.065, de 2009, cabe concluir que no resulta posible acceder al requerimiento del recurrente, dado que una interpretación restrictiva de la jurisprudencia administrativa citada en el párrafo precedente, indica que la posibilidad de obtener el fraccionamiento de los pagos previsionales sólo se concede a aquellos imponentes de la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y no a los de la ex Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de la República. Lo anterior, sin perjuicio de lo que esta Contraloría General determine con ocasión de la solicitud de reconsideración del referido dictamen N° 50.631, de 2003, elevada por el aludido ex Instituto de Normalización Previsional. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República