Dictamen N° 65456/2012
N° 65.456 Fecha: 22-X-2012 Esta Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso a la resolución N° 61, de 2012, del Parque Metropolitano de Santiago, que modifica la resolución N° 20, de 2012, de esa repartición pública -que aprobó el contrato para el “Servicio de Guardias de Seguridad al Interior del Parque Metropolitano de Santiago”-, en el sentido de cambiar la imputación del gasto que irroga dicho acuerdo de voluntades en los términos que indica. Lo anterior, en atención a que lo manifestado por dicha repartición mediante el oficio N° 661, de 2012, no subsana las observaciones efectuadas por este Organismo de Control a través de su oficio N° 52.444, de 2012, en el sentido de que no queda acreditado que el convenio de que se trata, atendida su naturaleza, corresponda a un proyecto de inversión, de aquellos a que alude la glosa 04 del presupuesto otorgado a dicho organismo por la ley N° 20.557 -de Presupuesto del Sector Público para el año 2012-, para financiar la mantención de los parques a que se refiere, y, además, de que tampoco se aprecia la justificación que permitiría recurrir a dos Códigos BIP para financiar el servicio contratado. En efecto, cabe anotar que lo consignado en el aludido oficio N° 661, en cuanto a que el convenio que se viene modificando no corresponde a aquellos contemplados en la glosa 04, ya mencionada, sino que a un “proyecto dentro de las prioridades internas del Parque Metropolitano de Santiago”, no es razón suficiente para que el mismo, imputado originalmente al Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Ítem 08 “Servicios Generales”, Asignación 002 “Servicios de Vigilancia”, en consideración a sus características, sea definido en el instrumento en análisis, como un proyecto de inversión. Asimismo, es del caso reparar que tampoco se han expresado las razones que permitirían al Parque Metropolitano de Santiago financiar el acuerdo de voluntades de que se trata, acudiendo a dos Códigos BIP. En mérito de lo precedentemente señalado, se representa la resolución en estudio. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República