Dictamen N° 7751/2012

N° 7.751 Fecha: 07-II-2012 Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Mónica Oriana Olivares Herrera, viuda de don Rubén Roberto Saldías Flores, ex Suboficial del Ejército de Chile, para reclamar en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, puesto que dicha entidad afirmaría haberle pagado $ 21.000.000, suma que la peticionaria niega haber recibido. Agrega que sólo ha percibido de esa institución la cantidad de $ 4.810.971, por lo que solicita se aclare esta situación, a su juicio, irregular. Requerido su informe, la aludida Caja de Previsión señala que por resolución N° 1.224, de 2010, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se reconoció al señor Saldías Flores, el derecho a incorporar en la pensión de retiro el 30% por asignación de zona, en cumplimiento de la sentencia judicial dictada en causa rol N° C-13.620-2005, del 1 er Juzgado Civil de Santiago. En cuanto a las diferencias de pensión adeudadas a la sucesión del causante, señala que el pago se encuentra pendiente, a la espera de la copia autorizada de la liquidación de reajustes e intereses debidamente aprobada por el respectivo tribunal. Añade que se ordenó reliquidar la pensión de retiro del causante, disponiendo el pago a la recurrente sólo de los montos que le ha correspondido percibir por efectos de diferencias retroactivas producidas en su propia pensión de viudez, cuyo monto subió al aumentar el de la jubilación del causante, sobre la base de lo resuelto por el aludido fallo judicial. Hace presente el servicio que la cantidad pagada a la peticionaria, $ 5.070.844.-, comprendía el lapso del 28 de abril de 2006 al 31 de diciembre de 2010 y, descontados los impuestos correspondientes, arrojó un monto liquido de $ 4.810.971.-, coincidente con el que indica haber percibido. En consecuencia, habida consideración de que la situación de la especie se encuentra en vías de regularización, esta Contraloría General hace presente que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional deberá arbitrar las medidas necesarias para efectuar, en cuanto sea posible, el pago del saldo insoluto pendiente. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República