Dictamen N° 86149/2016
N° 86.149 Fecha: 28-XI-2016 Se ha dirigido a esta Contraloría General, la Directora del Servicio de Salud Aconcagua, mediante oficio ordinario N° 1.761, de 2016, para informar el pago de las cotizaciones adeudadas al Fondo del Seguro Social de los Empleados Públicos de doña Ana Demofila Olivares Mora, cédula de identidad N° 8.364.215-7, y para manifestar que a juicio de ese servicio corresponde a la interesada el reintegro de esas imposiciones. Sobre el particular, cabe señalar que a la recurrente se le otorgó el desahucio contemplado en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, mediante la liquidación giro N° 369, de 2016, de este origen, en calidad de extécnico, grado 12 de la escala única de sueldos, del citado servicio, por un monto de $ 7.183.056, equivalente a 24 mensualidades a pagar en la Tesorería Provincial de San Felipe. Respecto de lo manifestado por el servicio en su presentación es del caso tener presente que acorde con lo previsto en el artículo 3°, de la ley N° 17.322, las cotizaciones para pensiones, salud y desahucio, que no fueron enteradas oportunamente, se calcularán por las instituciones de seguridad social y se pagarán por los empleadores, y se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos respectivos, por el solo hecho de pagarse total o parcialmente las remuneraciones a los trabajadores. En relación con lo cual es del caso puntualizar que la jurisprudencia de esta Entidad de Control, entre otros, en el dictamen N° 29.923, de 1997, ha establecido que se hayan o no efectuado en su oportunidad los descuentos para desahucio, corresponde al empleador pagar las imposiciones atrasadas, aún en el caso de haber incurrido en un error, sin que le asista al funcionario afectado responsabilidad ni obligación alguna al respecto. En consecuencia, habiendo sido de cargo de ese Servicio de Salud enterar dicha suma, no corresponde exigir a esa exfuncionaria el reintegro de dichas imposiciones. Transcríbase a la Contraloría Regional de Valparaíso. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General Víctor Hugo Merino Rojas Jefe División de Personal de la Administración del Estado