Dictamen CGR

Dictamen N° 9675/2012

2012-02-16 · Toma de razón y control de legalidad · general · Vigente
Sumario. Confirma oficio N° 4947, de 2011, de la Contraloría Regional de Coquimbo, que se abstuvo de tomar razón de la resolución N° 147, de 2011, del Gobierno Regional de Coquimbo, que aprobó un convenio celebrado con la Corporación Universidad Pedro de Valdivia, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional

N° 9.675 Fecha: 16-II-2012 El Intendente de la región de Coquimbo solicita a esta Contraloría General la reconsideración del oficio N° 4.947, de 2011, mediante el cual la Contraloría Regional de Coquimbo se abstuvo de tomar razón de la resolución de la suma, que aprobó un convenio celebrado con la Corporación Universidad Pedro de Valdivia, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En efecto, dicho pronunciamiento indica, entre otras consideraciones, que los objetivos del proyecto a ejecutar no guardan la debida concordancia con los fines previstos en la Constitución Política y en la ley 19.175 -Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional-, para los recursos del citado Fondo, relativos a financiar proyectos y programas destinados a solucionar necesidades de carácter general en beneficio de la región. Añade que sus estipulaciones contravienen lo dispuesto en el numeral 5.6 de la glosa 02 de la ley N° 20.481, de presupuestos del sector público durante el año 2011, aplicable al programa de inversión de dicho Gobierno Regional para la referida anualidad, ya que dichos caudales sólo pueden ser transferidos de acuerdo a un programa de caja y al avance efectivo de las obras o actividades. Al respecto, el ocurrente señala que la convención objetada ha dado cumplimiento estricto a la antedicha ley N° 20.481, atendido que tanto la glosa 16 del programa 01 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, como el numeral 5.1 de la citada glosa 02, permiten que se transfieran los mencionados haberes a Universidades como la de la especie, la que además, cuenta con la certificación y reconocimiento estatal, resultando, a su juicio, elegible para ser receptora de tal financiamiento. Sobre el particular, cabe concluir que lo manifestado por el recurrente no se refiere a las objeciones planteadas en el oficio citado, sin que se hayan aportado nuevos antecedentes al respecto, por lo que se confirma dicho pronunciamiento en todas sus partes. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República