Dictamen N° 2359/2011

N° 2.359 Fecha: 14-I-2011 Se ha dirigido a esta Contraloría General don Cristian Patricio Arévalo Ruz, funcionario de la Tesorería General de la República, para solicitar un pronunciamiento acerca de la posible obligatoriedad de que las opiniones que emite, en su calidad de delegado de la Asociación de Empleados de esa repartición, queden registradas en las actas de la junta calificadora de la citada institución. Sobre el particular, cumple con manifestar que este Organismo de Control ha precisado, entre otros, en el dictamen N° 60.913, de 2010, que el proceso de calificaciones se caracteriza por ser reglado y formal, estableciéndose pormenorizadamente las etapas e instancias que comprende, no previéndose el trámite reclamado por el interesado en el decreto N° 819, de 2001, del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento de Calificaciones del personal de la señalada entidad, y tampoco en el decreto N° 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior, sobre Reglamento General de Calificaciones del personal afecto a la ley N° 18.834, aplicable en la especie por mandato del artículo 9° del primer texto reglamentario citado. Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo señalado en el dictamen N° 9.582, de 2000, entre otros, de este origen, es dable hacer presente que ello no obsta a que, en cumplimiento de la obligación que recae en la Junta Calificadora de fundar sus acuerdos, señalando las razones y motivos en el acta de evaluación respectiva, puedan incluirse las opiniones del aludido delegado, las que pueden ser emitidas en virtud del artículo 24 del mencionado decreto N° 1.825, de 1998, que le concede derecho a voz ante el correspondiente órgano calificador. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República