Dictamen N° 27270/2010
N° 27.270 Fecha: 20-V-2010 El Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, a petición del Diputado don Marcelo Schilling Rodríguez, se ha dirigido a esta Contraloría General consultando sobre los antecedentes y fundamentos tenidos en consideración para la toma de razón del decreto N° 338, de 2010, del Ministerio de Hacienda, que introdujo diversas modificaciones al Presupuesto del Sector Público, aprobado por la ley N° 20.407. Al respecto, cabe tener presente que el decreto aludido dispone para el ejercicio presupuestario del año 2010, la reducción de determinados gastos contemplados en diversas partidas correspondientes a los servicios y organismos públicos que se indican, y a la vez, con el producto de dichas rebajas, crea en la Partida 50 Tesoro Público, Capítulo 01 Fisco, Programa 03 Operaciones Complementarias, una asignación específica denominada “Provisión para Sismos o Catástrofes”, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera convertida a dólares, en las cantidades que señala. Seguidamente, es menester considerar que el citado documento fue dictado por el Presidente de la República en conformidad con lo previsto en la ley N° 16.282 –que establece disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 104, de 1977, del Ministerio del Interior–, y fue remitido a este Organismo Contralor para su toma de razón, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1° y 8° de la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, tanto por tratarse de un decreto supremo suscrito por el Presidente de la República, como por la materia abordada, esto es, modificaciones de presupuestos. Puntualizado lo anterior, es del caso señalar que al examinarse preventivamente el decreto que se informa, se advirtió que éste fue dictado por el Jefe del Estado en virtud de lo prescrito en el artículo 10° de la citada ley N° 16.282 y en concordancia con la declaración de zonas afectadas por la catástrofe derivada del sismo del 27 de febrero del año en curso, dispuesta por el decreto N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior. En efecto, el precepto legal antes mencionado autoriza expresamente al Presidente de la República para que pueda transferir de un ítem a otro del Presupuesto de la Nación, las sumas necesarias para llevar a cabo las tareas de reconstrucción y auxilio de los damnificados. A juicio de este Organismo Fiscalizador, esta facultad, atendidos sus términos, ha servido precisamente de fundamento jurídico para la dictación del mencionado decreto N° 338, de 2010, del Ministerio de Hacienda. Por consiguiente, sobre la base de las consideraciones precedentes, esta Contraloría General, con fecha 29 de marzo del año en curso, procedió a tomar razón del citado decreto, por estimarlo ajustado a la preceptiva jurídica vigente. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República