Dictamen N° 31945/2013

N° 31.945 Fecha: 24-V-2013 Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Sara del Carmen Reyes Campos, hija de don Alfredo Rolando Reyes Toro, exprofesor y pensionado en el régimen de la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, actualmente fallecido, para solicitar la revisión del seguro de vida que se le concedió, junto a su hermana, a la muerte de su padre. Requerido su informe, el Instituto de Previsión Social, junto con acompañar dos expedientes jubilatorios, manifiesta, en síntesis, que por medio de su resolución exenta N° 8.902, de 2012, otorgó a las hijas del señor Reyes Toro, un seguro de vida que fue calculado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y siguientes del decreto con fuerza de ley N° 1.340 bis, de 1930, en un año y medio del promedio de las últimas 36 rentas imponibles percibidas por el causante. Sobre el particular, cabe anotar que el primer inciso del artículo 29 del aludido cuerpo normativo establece que el seguro de vida es una asignación por causa de muerte que consistirá en un año y medio del sueldo de que disfrute el imponente, computado en conformidad al artículo 20 del mismo texto. Por su parte, este último artículo preceptúa que ese beneficio se determinará sobre la base del promedio de los sueldos por los cuales se hubieren hecho imposiciones a la caja durante los últimos tres años de servicios. En este orden de ideas, es dable señalar que realizadas las verificaciones del caso se ha determinado que el promedio de las últimas 36 remuneraciones imponibles recibidas por el pensionado en comento fue de $ 392.615, monto que multiplicado por un año y medio determinó la suma de $ 7.067.010, equivalente a la totalidad de la asignación por causa de muerte generada al deceso del causante. En consecuencia, con el mérito de lo expuesto, es posible concluir que el seguro de vida concedido a las señoras Celia Marta y Sara del Carmen Reyes Campos, hijas del referido exdocente, por la suma de $ 3.533.535, para cada una, se encuentra correctamente calculado y ajustado a la normativa que lo regula. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República