Dictamen N° 48887/2009
N° 48.887 Fecha: 04-IX-2009 Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Edith Mireya Díaz Flores y otros, solicitando la reconsideración del dictamen N° 13.059, de 2009, de esta Entidad Fiscalizadora, por medio del cual se determinó que el derecho al denominado desahucio legal establecido en el artículo 56 de la ley N° 11.469 es incompatible con la jubilación, por cuanto estiman que la interpretación realizada en el aludido oficio resulta absolutamente discriminatoria y contraria a sus intereses, considerando que siguen cotizando para el referido beneficio sin que lo puedan obtener. Al respecto cabe expresar, que en el indicado pronunciamiento se determinó, en síntesis, que los servidores municipales que tienen derecho a elegir entre el referido desahucio legal y la jubilación, al momento de ejercer la opción e inclinarse por el último de los señalados beneficios, pierden su derecho a la indemnización mencionada. Ello, atendido a que el artículo 59 de la referida ley N° 11.469, antiguo Estatuto de los Empleados Municipales de la República, actualmente vigente en virtud de lo prescrito en el artículo 13 transitorio de la ley N° 18.883, establece que el desahucio concedido por esta ley será incompatible con el derecho a jubilar. El mencionado artículo 59 de ley N° 11.469, como puede advertirse, es de carácter especial y en forma expresa establece la incompatibilidad entre el desahucio legal y la jubilación, motivo por el que no cabe sino interpretar la mencionada preceptiva en forma estricta. De este modo, siendo claro el texto de la norma citada en el párrafo anterior, no resulta procedente considerar otros aspectos como lo favorable u odioso de una disposición para ampliar o restringir su interpretación, tal como lo preceptúa el artículo 23 del Código Civil. En consecuencia, teniendo en cuenta que la situación planteada ya ha sido estudiada por este Organismo de Control y que la recurrente no acompaña nuevos antecedentes que permitan modificar el citado dictamen, no cabe sino ratificar el mismo. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República