Dictamen N° 64666/2010

N° 64.666 Fecha: 29-X-2010 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 352, de 2010, del Servicio de Registro Civil e Identificación, que aplica las medidas disciplinarias de destitución y multa de un 5%, respectivamente, a los funcionarios que individualiza, por cuanto no se ajusta a derecho. En efecto, cabe señalar que en el expediente sumarial acompañado aparece que tanto en la comunicación de los cargos formulados, como en la notificación de la resolución exenta N° 1.358, de 2008, que aplica la medida de destitución al señor Juan Pablo Aguayo, no se cumplió con lo ordenado en el artículo 131 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, pues para los efectos de las búsquedas que allí se exigen, y el envío de las respectivas cartas certificadas, se consideró un domicilio que no corresponde al que el inculpado fijó en la única declaración que prestó en autos, según consta a fojas 31 del expediente, sin que se advierta que el señalado servidor haya realizado posteriormente alguna acción que permita tenerlo por notificado tácitamente de tal actuación, de conformidad con lo prescrito en el artículo 47 de la ley N° 19.880, de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, según el criterio contenido en el dictamen N° 42.695, de 2010, de este Ente Contralor, lo que importa, en último término, afectar el derecho a defensa del inculpado frente a las imputaciones que existen en su contra. En mérito de lo anteriormente expuesto, se representa el señalado acto administrativo. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República