Dictamen CGR

Dictamen N° 68484/2012

2012-10-31 · Responsabilidad administrativa, sumarios y potestad disciplinaria · general · Aplica Jurisprudencia · Vigente
Sumario. Destinación de funcionario a la dependencia que indica, fue regularizada mediante la emisión del acto administrativo correspondiente

N° 68.484 Fecha: 31-X-2012 Se ha dirigido a esta Contraloría General don Omar Apiolaza Díaz, funcionario del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, para solicitar, en primer término, que se formalice su destinación al Departamento de Estudios de ese organismo. Requerido su informe, el Director del citado servicio manifestó, en síntesis, que el interesado fue destinado formalmente a la referida unidad mediante resolución exenta N° 4.839, de 13 de agosto de 2012, añadiendo que una vez finalizada su remodelación, será ubicado en una de las oficinas del aludido Departamento. Así entonces, de acuerdo con lo expresado por esa repartición, es dable concluir que se han adoptado todas las medidas tendientes a solucionar la situación reclamada por el recurrente. Por otra parte, cabe hacer presente al interesado que, según lo informado por la autoridad, la investigación sumaria dispuesta por resolución exenta N° 4.433, de 2010, del mencionado servicio, cuyo objetivo era esclarecer la denuncia efectuada por el señor Apiolaza Díaz, relativa a irregularidades y acoso laboral de que habría sido objeto, se encuentra en etapa resolutiva, pues el fiscal ya emitió su dictamen, el que está siendo analizado por esa superioridad. Sin perjuicio de lo anterior, es menester recordar que la jurisprudencia de este origen, contenida, entre otros, en el dictamen N° 49.440, de 2012, concluye que la tardanza en la tramitación de un procedimiento disciplinario puede llegar a comprometer la responsabilidad administrativa del fiscal designado, quien debe velar por el estricto cumplimiento de las normas que regulan la substanciación de dichos procesos. Así, en la eventualidad que se produzca una demora excesiva en su desarrollo, le corresponde a la superioridad respectiva adoptar las providencias tendientes a agilizarlo y, si la tardanza lo amerita, disponer una investigación con el objeto de determinar las responsabilidades administrativas por la dilación. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República

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