Dictamen N° 8267/2019

N° 8.267 Fecha: 21-III-2019 Se ha dirigido a esta Contraloría General la señora Andrea Vargas de la Fuente, exfuncionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, para impugnar la decisión de no renovar su contrata para el año 2019, no obstante encontrarse amparada por el fuero maternal. Requerido su informe, la aludida entidad policial expresó, en síntesis, que el cese de la recurrente se ajustaría a derecho. Sobre el particular, resulta útil hacer presente, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 201, inciso primero, y 174, ambos del Código del Trabajo, que durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad -excluido el permiso postnatal parental a que se refiere el artículo 197 bis-, la trabajadora gozará de fuero laboral, en cuya virtud el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización judicial previa. Luego, y en armonía con la jurisprudencia contenida en los dictámenes N os 53.360, de 2015 y 12.118, de 2016, de esta procedencia, es menester consignar que cuando una servidora a contrata está amparada por el citado fuero, no es posible concluir su relación funcionaria por propia voluntad de la superioridad o por la llegada del plazo, debiendo, por el contrario, renovarse el vínculo jurídico por el periodo que subsista el beneficio de la inamovilidad, a menos que se estime conveniente requerir la referida autorización judicial, lo que no consta haya ocurrido. Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, se advierte, por una parte, que la recurrente, al día 19 de diciembre de 2018 -fecha de emisión del certificado de embarazo que aquella acompañó-, tenía 23 semanas de gestación y, por la otra, que el día 29 de noviembre de 2018, se le notificó la decisión de no prorrogar su contrata para el año 2019, de manera que a esa última data la peticionaria se encontraba amparada por la citada normativa protectora de la maternidad. En consecuencia, cabe concluir que la designación de la señora Vargas de la Fuente debe ser renovada mientras dure la anotada protección, por lo que la Policía de Investigaciones de Chile deberá regularizar su situación, reincorporándola a sus funciones y pagándole las remuneraciones correspondientes al periodo en que fue indebidamente separada de sus labores, de lo que deberá informar a esta Contraloría General dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General de la República Diego Cartes Saavedra Jefe de Departamento Subrogante Departamento de Previsión Social y Personal