Dictamen N° 2430/2012

N° 2.430 Fecha: 12-I-2012 Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Héctor Zumaeta Zúñiga, funcionario de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, quien solicita que ese organismo lo restituya en la función de Director del Museo Regional de La Araucanía -plaza que no se encuentra prevista en la planta de dicha repartición-, que dejó de ejercer durante la tramitación de un sumario administrativo instruido en su contra, en el que resultó absuelto. Requerido de informe, la aludida institución señaló, en síntesis, que el recurrente tiene un cargo de denominación genérica, del escalafón profesional y que, a través de la resolución exenta N° 1.535, de 1998, de ese origen, se le encomendó la función antes referida, haciendo presente que desconoce las razones de mérito que la anterior administración del servicio tuvo para que al requirente le fueran asignadas nuevas tareas, diversas de la dirección del citado museo, añadiendo que, en la actualidad, esta función se encuentra encargada a otro empleado, el que se ha desempeñado de manera óptima, razón por la cual no amerita reasignarle dicha labor al reclamante. Sobre el particular, y como cuestión previa, corresponde anotar que según los registros de este Ente Fiscalizador, el señor Zumaeta Zúñiga fue nombrado como titular de la planta profesional, grado 9 de la E.U.S., a través de la resolución N° 212, de 1990, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y que, posteriormente, mediante la resolución N° 135, de 1992, de dicha repartición, fue encasillado en el mismo escalafón, en el grado 7 de esa escala remuneratoria. Enseguida y en cuanto a la destinación por la que alega, se debe señalar que el artículo 73 de la ley N° 18.834, indica que los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente, resultando útil agregar que la letra e) de su artículo 61 dispone que son obligaciones de los funcionarios, entre otras, cumplir las destinaciones y comisiones de servicio que la autoridad competente disponga en el ejercicio de sus atribuciones. En este mismo sentido, la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora ha sostenido, en lo que interesa destacar, entre otros, en los dictámenes N os 14.879, de 2010 y 59.798, de 2011, que es atribución privativa de la autoridad ordenar las destinaciones del personal de su dependencia, decidiendo cómo distribuir y ubicar a los funcionarios, según lo requieran las necesidades de la repartición que dirige, con la sola limitación de que las funciones que deba cumplir el empleado sean las propias del cargo para el cual ha sido nombrado. De lo anterior se desprende que no constituye una ilegalidad la circunstancia de que la destinación que afecta a un funcionario signifique para éste dejar de desarrollar las tareas precisas que cumplía antes, en tanto, como ya se indicó, las nuevas sean propias del cargo para el que fue nombrado. Ahora bien, de los antecedentes examinados se advierte que el interesado sirve un empleo genérico de la planta de profesionales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, atendido lo cual y no teniendo su empleo asignadas tareas específicas, la destinación dispuesta a su respecto se habrá ajustado a derecho en tanto las labores encomendadas en su nueva función -las que no han sido precisadas ni por el interesado ni por el servicio-, sean de carácter profesional, no resultando obligatorio para la entidad recurrida, asignarle al recurrente la función que reclama. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República