Dictamen CGR

Dictamen N° 65835/2010

2010-11-04 · Función pública, carrera funcionaria y remuneraciones · general · Aplica Jurisprudencia · Vigente
Sumario. Sobre revisión de la indemnización establecida en la letra b) del artículo 44 del decreto con fuerza de ley N° 2.252 de 1957 del Ministerio de Hacienda

N° 65.835 Fecha: 04-XI-2010 Se ha dirigido a esta Contraloría General don Eugenio Rojas Fuentes, ex funcionario de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para solicitar la revisión de la indemnización que se le otorgara en virtud de la letra b) del artículo 44 del D.F.L. N° 2.252, de 1957, del Ministerio de Hacienda. Requerido de informe, el Instituto de Previsión Social, junto con remitir un expediente jubilatorio del interesado, manifestó, en síntesis, que por medio de su resolución N° 4.232, de 2010, se reliquidó la indemnización en comento, de acuerdo con lo dispuesto en el dictamen N° 44.732, de 1999, de este Organismo de Control. Agrega que en lo relativo al descuento del incremento previsional del artículo 2° del D.L. N° 3.501, de 1980, del monto que corresponde pagar por concepto de la indemnización en análisis, se ha solicitado a la Superintendencia de Pensiones un pronunciamiento sobre la materia, toda vez que éste es el organismo competente para interpretar las normas previsionales pertinentes. Sobre el particular, esta Entidad Fiscalizadora cumple con remitir a ese Instituto la petición y sus antecedentes, para que dé cumplimiento al dictamen N° 70.480, de 2009, de este Órgano Contralor, haciendo presente que éste fue complementado por el dictamen N° 36.423, de 2010. Por último, cabe recordar a esa repartición informante, que los informes jurídicos emitidos por esta Institución Contralora, que contienen una opinión y un juicio declarativo sobre la correcta aplicación de un cuerpo normativo, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, obligación que emana, en último término, tanto de la norma interpretada como de los preceptos legales y constitucionales que sustentan esa opinión jurídica, pues la Contraloría General de la República es el órgano administrativo al que la Carta Fundamental y la legislación han encomendado la función de ejercer el control de juridicidad de los actos de la administración y la de emitir pronunciamientos en derecho, entre otras atribuciones. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República

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