Dictamen N° 86946/2015

N° 86.946 Fecha: 02-XI-2015 La Superintendencia de Pensiones, SUPEN, señala que no le ha sido posible remitir el informe requerido por esta Contraloría General mediante el oficio N° 74.803, de 21 de septiembre de 2015, debido a que la Municipalidad de Talcahuano no le ha enviado los antecedentes necesarios para ello, pese a sus múltiples gestiones al efecto. Cabe recordar que ese oficio fue expedido con ocasión de una presentación de doña Nancy Salgado Alarcón, exfuncionaria de ese municipio, en la que pide determinar si accederá al bono post laboral cuando cese la modalidad de pensión que eligió y la tasa de reemplazo de su jubilación no exceda el máximo exigido para percibirlo. Dado el tiempo transcurrido, este Ente de Control emitió el dictamen N° 82.148, de 2015, sin ese informe, concluyendo que de la historia de la ley N° 20.305 aparece la intención del legislador de que accedan a este bono los funcionarios que, tras su entrada en vigencia, se acojan a modalidades de pensión que otorgan mayores ingresos durante los primeros años de jubilación. Para ello fueron establecidas dos formas de calcular la tasa de reemplazo de modo que sea fijada con el valor más bajo. El dictamen concluye que no consta que ello se hubiere efectuado en el caso de la interesada, por lo que la SUPEN deberá revisar su situación y de ser procedente, efectuar un nuevo cálculo, dando cuenta de ello a esta Institución. Junto con tomar conocimiento de lo expuesto por la SUPEN, esta Contraloría General ha estimado necesario instruir a la Municipalidad de Talcahuano remitir a esa superintendencia la información requerida, dando cuenta de ello a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa de este Ente Contralor en el plazo de 20 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio. Transcríbase a la señora Nancy Salgado Alarcón, a la Superintendencia de Pensiones y a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Julio Pallavicini Magnere Jefe de la División Jurídica