Dictamen N° 59893/2013

N° 59.893 Fecha : 16-IX-2013 Se ha dirigido a esta Contraloría General don Lorenzo González Cabrera, invocando su calidad de presidente de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, solicitando un pronunciamiento respecto del decreto N° 67, de 2012, del Ministerio de Salud, que modificó los decretos N° 3, de 1984 y N° 136, de 2004, ambos de la misma Secretaría de Estado, en materia de licencias médicas toda vez que, en su opinión, su dictación ha vulnerado los derechos de los pacientes al demorar la tramitación de dichos instrumentos. En relación con la materia, corresponde señalar, en primer término, que esta Entidad Fiscalizadora sólo emite informes a petición de los Jefes Superiores de Servicio y, excepcionalmente, a solicitud de funcionarios o particulares, cuando se refieran a asuntos en que se ha producido una resolución denegatoria o se hubiere omitido o dilatado dicha resolución por parte de la autoridad administrativa, habiéndola requerido el interesado. A su vez, tratándose de presentaciones de asociaciones de funcionarios, esta Contraloría General ha precisado, entre otros, en los dictámenes N°s. 42.551, de 2009 y 22.318, de 2012, que les son aplicables los mismos requisitos, entendiéndose además, que esas entidades sólo cuentan con atribuciones para representar a sus asociados en el evento de que ellos soliciten expresamente su intervención -antecedente que se debe acompañar en las consultas que las antedichas agrupaciones formulen-, y que este Organismo de Control informará tales reclamos en la medida de que se trate de situaciones específicas que afecten a servidores determinados, como consecuencia de concurrir alguno de los presupuestos indicados en el párrafo anterior. Al respecto, cabe hacer presente que la presentación del rubro no ha dado cumplimiento a ninguno de los requisitos señalados, de manera que este Órgano Fiscalizador debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado por la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública. Finalmente, y sin perjuicio de lo expresado, cabe manifestar que esta Entidad ha tomado razón del citado decreto N° 67, de 2012, por estimar que dicho acto administrativo se encuentra ajustado a derecho. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República