Dictamen N° 72931/2009

N° 72.931 Fecha: 31-XII-2009 Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Aída Bettina Eyzaguirre Vejar, funcionaria de Gendarmería de Chile, para solicitar, por las razones que expone, un pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución exenta N° 1.011, de 6 de marzo de 2009, del aludido Organismo Penitenciario, que dispuso el cese de la asignación de movilización que percibió hasta el mes de abril de 2009. Requerido su informe, el mencionado servicio, mediante su oficio N° 1.705, de 2009, recepcionado por esta Entidad de Control el día 11 de diciembre de ese año, ha señalado que la interesada, al asumir un cargo de jefatura, dejó de cumplir funciones de terreno, que dan origen al otorgamiento del referido emolumento, motivo por el cual éste fue cesado. Sobre el particular, cabe manifestar que el artículo 98, letra b), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que tendrán derecho a percibir la asignación de movilización, los funcionarios que por la naturaleza de sus cargos, deban realizar visitas domiciliarias o laborales inspectivas fuera de la oficina en que desarrollan sus funciones habituales, pero dentro de la misma ciudad donde desempeñan sus cargos, a menos que la institución proporcione los medios correspondientes. Como es dable advertir, la asignación que nos ocupa, es un beneficio de carácter indemnizatorio, que tiene por objeto resarcir los gastos de transporte en que incurre el funcionario en el cumplimiento de las visitas domiciliarias o labores inspectivas que debe realizar fuera de las dependencias en que trabaja habitualmente, tal como se informó en el dictamen N° 10.489, de 2008, entre otros, de este Organismo Fiscalizador. Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que las tareas que la recurrente efectúa fuera de su oficina, en las que funda su petición, no corresponden a labores inspectivas; luego, en relación con las visitas domiciliarias que cumpliría, éstas no son inherentes a su actual cargo directivo. De esta manera, entonces, cabe concluir que la decisión adoptada por Gendarmería de Chile, en orden a suspenderle el pago de la asignación de movilización, fundado en que no cumpliría las labores que sirvieron de base para su otorgamiento, se ajusta a derecho. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República