Dictamen N° 31407/2013

N° 31.407 Fecha: 22-V-2013 Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Fernando Palma Adasme, exfuncionario del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, para consultar si le asistió el derecho a percibir el pago de la totalidad de las cuotas de la asignación de modernización correspondientes al año 2012, atendido que cesó en dicho centro asistencial con fecha 31 de enero de esa anualidad. Requerido su informe, el referido establecimiento de salud manifestó, en síntesis, que al recurrente sólo le corresponde el beneficio que reclama en proporción a la mensualidad que trabajó en esa institución. Sobre el particular, es dable recordar que el artículo 1° de la ley N° 19.553, concede una asignación de modernización a los funcionarios que menciona, constituida por un componente base, un incremento por desempeño institucional y uno por desempeño colectivo, que será pagada a los empleados en servicio a la fecha de su entero en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, agregando que el personal que deje de trabajar antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a aquélla en proporción a las mensualidades completas efectivamente realizadas. A su turno, es útil anotar que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en el dictamen N° 61.458, de 2009, ha manifestado que este emolumento se devenga mensualmente durante el año de pago, época en la cual el servidor, para acceder a él, debe encontrarse en funciones, por lo que las labores efectuadas la anualidad anterior únicamente configuran una mera expectativa de recibir tal estipendio. Conforme lo indicado, en la especie, se advierte que tras el cese del recurrente en ese centro de salud, con fecha 31 de enero de 2012, sólo le correspondió recibir la asignación de modernización en proporción a la mensualidad completa que trabajó en esa institución, careciendo del derecho a los demás enteros que reclama. En consecuencia, en virtud de lo expuesto, resulta forzoso concluir que la actuación del citado establecimiento de salud se ajustó a derecho. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República